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NOTICIAS URBANAS - SERVICIO INFORMATIVO "AHORA" - 16/02/04
ENTREVISTA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD

Alicia Pierini: "El acecho o el merodeo son absolutamente contrarios al
sistema de garantías que expresa la Constitución de la Ciudad"
"En lugar de abrir el juego hacia la construcción de consensos, se incentivó
la confrontación de minorías que defendieron posiciones extremas: unas
pidiendo cada vez mayor represión y otras un absoluto "viva la pepa", casi
siempre bajo las luces del rating y las notas de color. A ese producto
final -parido con conflictos- se le puso el pomposo título de Código de
Convivencia sin antes haber consensuado las pautas de la convivencia, como
si las palabras por sí solas construyeran mágicamente la realidad".

Por Marcelo Heredia

N.U: Usted participó en el debate sobre el sistema de justicia y
contravencional de la Ciudad desde la Asamblea Constituyente hasta hace dos
meses. ¿Qué opina de las modificaciones que se están proponiendo ahora?
A.P.: Hoy soy Defensora del Pueblo de la Ciudad, que es una de las
instituciones de garantía que tiene nuestro sistema para lograr la vigencia
de derechos, por tanto mis preocupaciones se dirigen fundamentalmente a
custodiar el sistema de garantías de la Constitución y los derechos humanos.
N.U.: ¿Cree que las modificaciones que se proponen los colocan en riesgo?
AP: Algunas de ellas sí, evidentemente. El acecho o el merodeo por ejemplo,
son absolutamente contrarios al sistema de garantías que la Constitución de
la Ciudad expresa bajo la fórmula de que "no hay peligrosidad sin delito".
N.U.: Pero si un policía observa que alguien está parado mirando hacia la
salida de un banco y sospecha ¿no es mejor prevenir que esperar a que ocurra
el delito?
A.P: Si quiere prevenir, al policía le alcanza con pedir a ese sujeto que se
identifique, puesto que está vigente la llamada ley Lázara (en referencia al
fallecido Simón Lázara). No hace falta inventar ninguna figura
contravencional peligrosista para abortar acciones preparatorias de delito,
si existieran.
N.U: Pero el Código de Convivencia no funcionó, por algo se lanzan críticas
desde todos los sectores políticos y fundamentalmente las críticas
vecinales.
A.P: Es verdad que no funcionó, pero por otras razones. Primero porque el
gobierno del Dr. Fernando De la Rúa, entre 1996 que se sancionó la
constitución y 1998 que vencía el plazo para reemplazar los edictos, no fue
capaz de convocar ni mucho menos conducir ningún debate serio sobre las
pautas de convivencia social en el espacio público de la Ciudad, porque ese
es el verdadero fin del código contravencional: fijar las reglas de juego en
el espacio público que todos compartimos. En lugar de abrir el juego hacia
la construcción de consensos, se incentivó la confrontación de minorías que
defendieron posiciones extremas: unas pidiendo cada vez mayor represión y
otras un absoluto "viva la pepa", casi siempre bajo las luces del rating y
las notas de color. A ese producto final -parido con conflictos- se le puso
el pomposo título de Código de Convivencia sin antes haber consensuado las
pautas de la convivencia, como si las palabras por sí solas construyeran
mágicamente la realidad.
N.U: ¿Existen otras razones que las diferencias partidarias-políticas o
ideológicas en este proceso de aplicación fallido hasta hoy?
A.P: Sí, los propios operadores del sistema contravencional llevan más de
siete años de incertidumbres, y políticas erráticas. Se designaron primero
jueces en comisión, luego se eliminaron los de Faltas, y se tardó 4 años en
hacer un concurso del que emergieron los actuales jueces. Aún hoy carecen de
infraestructura y edificio para funcionar. De ese desastre no tiene la culpa
el sistema de garantías sino las falencias de funcionarios del Ejecutivo y
del Consejo de la Magistratura. Es gravísimo y cualquiera que tenga memoria
podrá repasar las críticas que desde la Comisión de Justicia de la
Legislatura hicimos en su momento a la supina ineficiencia de aquélla
gestión judicial. Igual de grave es que ahora le cobren esa mala gestión al
Código y se esconda la responsabilidad de los que hicieron que éste no
funcionara.
NU: Ahora además, la ciudad tiene más competencias al agregarse figuras
correccionales que provienen del Código Penal.
A.P. Lo cual agrava la situación, porque al incorporarse para ser atendidas
por un solo fuero que es el Contravencional y Faltas, cuestiones penales, se
mezclan naturalezas jurídicas distintas. Estos jueces recién designados, sin
comodidades de trabajo, van a tener que resolver las cuestiones aplicando
normas penales, contravencionales y del derecho administrativo sancionador
como son las faltas, con tres procedimientos distintos y sobre todo con
finalidades sociales bien diferentes. Así, el sistema de garantías entra en
riesgo. Cuando coexisten elementos distintos dentro de un mismo sistema éste
tiende a su equilibrio interno por principio de homeostasis. Pero las
garantías en el sistema de faltas no son las mismas que las del sistema
penal, deben mantenerse las diferencias, y estar separados, porque la
ecualización sólo logrará perjudicar a ambos sistemas.
N.U.: La ciudad está cada vez más desordenada y los vecinos sumamente
disconformes con un Código de Convivencia que no permite convivir.
AP: Ni el país ni la Ciudad son los mismos que antes, hay nuevos conflictos
que tienen que ver con la nueva realidad social de la cual es Código es
absolutamente ajeno, ya que no es el creador de los problemas sino en todo
caso una herramienta legal -quizás incompleta- para la solución de algunos
de los mismos. Pero también antes del Código de Convivencia había
disconformidad con los edictos policiales. El eje de la cuestión es que como
no todas las transgresiones pueden ser reprimidas, se legisla sobre el
criterio de selección, que aún mal aplicado, siempre es más racional que la
arbitrariedad de las pituitarias policiales que sobrevaloran su olfato para
la sospecha. Ningún conflicto social se resuelve mediante leyes, pero éstas
lo canalizan hacia una racionalidad previamente consensuada, que objetiva el
reproche impidiendo el ojo por ojo. Esta seguridad de las reglas de juego es
la seguridad de los derechos y garantías que hoy necesita nuestra
democracia. No es posible evitar la queja de algún sector social. La opción
de los legisladores, ante el conflicto de derechos, es decidir cuál queja es
la que quedará insatisfecha.

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